Posteado por: lamezclaonline | febrero 23, 2010

Ambientalistas enfrentan a Femsa y al gobierno de Nuevo León por estadio

Las autoridades estatales ya dieron luz verde a la edificación de un recinto futbolero en terrenos aledaños a un bosque. La Profepa sanciona inspecciones.

México, DF. Mientras la deforestación amenaza la salud ambiental de México, la cesión de áreas públicas a empresas se ha convertido en una práctica que acentúa el daño ecológico, según activistas.

El caso más reciente de la temporada de dádivas es la intención del gobierno del estado de Nuevo León de entregar 26 hectáreas aledañas al bosque urbano La Pastora a la productora de refrescos y cerveza Fomento Económico Mexicano-Heineken (Femsa) para la edificación de un estadio de futbol con capacidad para 50 mil personas.

El plan, apoyado por el gobierno de ese estado, ubicado a unos 900 kilómetros al noreste de la capital mexicana, ha generado el rechazo de agrupaciones ecologistas, que se preparan para una batalla política y legal de larga duración.

“Hay una política de entrega de espacios públicos a las empresas. El estadio va a contaminar el bosque. No nos oponemos al proyecto, pueden buscar un sitio donde no se afecte al ambiente”, señaló a IPS Denise Alamillo, integrante del Colectivo Ciudadano en Defensa de La Pastora, una red de organizaciones no gubernamentales.

En septiembre, el consorcio Femsa y el entonces gobernador del estado, José Natividad González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunciaron la construcción del estadio dentro de un proyecto llamado Gran Parque Ecológico La Pastora, en el municipio de Guadalupe, con una inversión de 200 millones de dólares.

Femsa recibiría el terreno en comodato por 60 años y, terminado ese lapso, la obra pasaría a poder estatal.

El sucesor y correligionario de González en Nueva León, Rodrigo Medina, no varió la postura cuando asumió el cargo de gobernador en octubre.

En La Pastora habitan cerca de 70 especies animales y docenas de variedades vegetales. El bosque está próximo al río La Silla, considerado el único vivo en esa zona.

El Colectivo critica el tamaño requerido para la obra, que será hogar del equipo Rayados de Monterrey, actual campeón del balompié mexicano, si se lo compara con el Estadio Azteca de la capital mexicana, que se erige en una zona de seis hectáreas y tiene capacidad para 105 mil espectadores.

Los ambientalistas parecen haberse anotado un tanto a favor con la decisión de la gubernamental Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de clausurar el terreno por labores de inspección no autorizadas el 11 de este mes.

Pero esa medida no los dejó tranquilos. “El gobierno estatal ha puesto demasiado énfasis en su apoyo a la construcción. No confiamos en la suspensión de la Profepa, porque no pasa más allá de una multa”, dijo Alamillo.

El estudio de impacto ambiental, elaborado por una firma consultora a petición de Femsa-Heineken y entregado a las autoridades ambientales del estado, reconoce 46 impactos adversos y sólo ocho benéficos sobre el ambiente derivados de la construcción.

“Se alterará la vegetación, misma que será removida del sitio, así como el suelo que será cubierto por la construcción del proyecto”, cita el extenso documento que también menciona la plantación de mil 68 árboles y 19 mil 250 metros cuadrados de jardines.

Acorde a las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de Desarrollo Forestal Sustentable, las empresas deben presentar estudios técnicos y de impacto ambiental ante la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Las ciudades siguen creciendo y las áreas naturales las siguen reduciendo. No se da el suficiente valor a las áreas naturales en la planeación para el desarrollo urbano”, analizó ante IPS el vocero del no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Iván Zúñiga.

Por su parte, la empresa estimó que la clausura del terreno “se suma a una serie de hechos ajenos a nuestro control, que ponen en entredicho la continuidad de nuestra participación en el proyecto hasta que las condiciones propicias, que no están en nuestro ámbito generar, lo permitan”, señala un comunicado.

En su reciente informe “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Avances en la sostenibilidad ambiental del desarrollo en América Latina y el Caribe”, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió del avance de la deforestación en la región.

América Latina y el Caribe perdieron unos 69 millones de hectáreas —casi siete por ciento, el doble del promedio mundial— de superficie boscosa entre 1990 y 2005, según este organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.

En México, donde se deforestan anualmente unas 500 mil hectáreas, existen 173 áreas naturales equivalentes a más de 25 millones de hectáreas, entre las que se cuentan 67 parques nacionales, 40 reservas de la biosfera y 35 zonas de protección de flora y fauna, según datos de la gubernamental Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

“Los estudios que yo he visto por parte de la empresa y la misma explicación que me ha dado la Secretaría de Desarrollo Sustentable es que está muy cuidado el entorno, que es un proyecto sustentable y que es un proyecto benéfico para el municipio y para la ciudad”, justificó ante la prensa el gobernador Medina.

La Comisión de Desarrollo Urbano del Poder Legislativo de Nuevo León decidió realizar un estudio independiente para conocer la magnitud de los efectos ambientales de la obra.

“El sitio se seleccionó en base a la disponibilidad del predio, accesibilidad, dimensiones y disponibilidad de servicios, tomando en cuenta que dicho predio se encuentra en un área urbanizada y que no se afectará ningún ecosistema”, indica el estudio de Femsa, que vendió en enero pasado su negocio cervecero a la holandesa Heineken por 7 mil 347 millones de dólares.

“No se entiende bien la importancia de mantener áreas de resguardo para las zonas ambientales. Y no se miden las consecuencias cuando ocurren desastres naturales y otros problemas”, apuntó Zúñiga.

En otro caso, el gobierno federal del noroccidental estado de Sinaloa planea un complejo que incluye hoteles, dos campos de golf y dos marinas para yates en una zona próxima a humedales y que, según organizaciones ecologistas, no satisface estándares ambientales.

“Tenemos que vigilar que los estados y municipios cuiden los espacios naturales”, manifestó a la prensa el titular de Semarnat, Juan Elvira, a propósito de la situación ambiental del país.

Via La Jornada

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