Posteado por: lamezclaonline | marzo 31, 2010

Mil 150 narcomantas o cómo minar la credibilidad del gobierno y de paso amedrentar a la población

De acuerdo con datos señalados en este trabajo, poco más de la mitad de las NARCOMANTAS que colocaron los cárteles de la droga habría sido elaborada en una primera instancia por la dupla del Golfo-ZETAS.

En México el marketing del narco funciona como la extensión de una empresa rentable que invierte pocos recursos —en comparación con sus inmensas ganancias— y obtiene en el corto y mediano plazos beneficios acordes con sus expectativas, dirigidas a minar ante la opinión pública la credibilidad de las instancias encargadas de combatirlos. Además, los cárteles que utilizan este método mantienen una presencia mediática que sirve para amedrentar a una parte de la población civil y para delimitar ante los medios de comunicación un espacio territorial dominado y por defender.

Los resultados de esta otra faceta de la guerra del narco contra el gobierno mexicano muestran que el crimen organizado estaría logrando sus objetivos, si sólo se tomaran en cuenta los impactos mediáticos de la elaboración y colocación de las mil 150 narcomantas que los cárteles han ubicado en los principales estados afectados por el narcotráfico. Esto es en promedio una o dos mantas colocadas por día, sobre todo en la zona norte y en el occidente del país desde que inició el gobierno de Felipe Calderón, aunque la capital del país tampoco ha escapado a esta situación y ha registrado, de manera extraoficial, la colocación de alrededor de 150 mantas del narco denunciando a otros cárteles, a servidores públicos vinculados con organizaciones criminales, a militares protectores de capos y a funcionarios que sólo persiguen a ciertos grupos. También las ha habido cargadas de amenazas directas en contra de policías, comandantes, sicarios, jefes de sicarios, narcomenudistas y contra quienes piensen unirse a tal o cual cártel para colaborar de alguna manera con éste.

Desde el inicio del sexenio de Calderón, el narcomarketing ha buscado desprestigiar a las instituciones encargadas directamente de combatir al crimen organizado denunciando en narcomantas la corrupción de militares, policías federales, secretarios de estado, gobernadores, comandantes, alcaldes, periodistas y al propio jefe del Ejecutivo. Para conseguirlo, los cárteles han invertido en poco más de tres años de enfrentamiento con el gobierno federal alrededor de 345 mil pesos en la elaboración de mantas de todo tipo. De puentes peatonales, de las entradas a atrios, de los accesos a clubes o de sitios localizados frete a comandancias militares y policíacas han sido retiradas narcomantas hechas desde con una sábana hasta con lonas de plástico mucho más elaboradas, a varios colores y con fotos de algunos de los personajes aludidos en los mensajes.

Salvo por los reportes de la prensa en los estados y por las decenas de fotos que han logrado ser tomadas por los fotoperiodistas, las autoridades federales, estatales y municipales han guardado con hermetismo el saldo de esta otra cara de la guerra del narco. Datos extraoficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indican que en 2009 tan sólo esa dependencia aseguró o retiró de sitios públicos un total de 177 mantas. En lo que va de este año el Ejército lleva la cuenta de 40 mantas colocadas en el Distrito Federal y/o en la zona conurbada de la capital. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) señalan que en total han sido retiradas 150 mantas en diversos puntos de la ciudad.

DAÑO COLATERAL

Pese a no ser un delito en sí mismo, la colocación de narcomantas es considerada como una manifestación del crimen organizado, por ello se supone que cualquier corporación policíaca debe entregarlas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en donde se inicia un acta circunstanciada por cada manta retirada de las calles. Sin embargo, no existen datos oficiales elaborados por los gobiernos estatales o por las policías municipales acerca de este tema. Ni la Sedena o la PGR o la SSP Federal han dado cuenta en sus informes de labores sobre esta parta del fenómeno, pese a que las narcomantas también son usadas para denunciar actos de corrupción y protección de funcionarios federales que encubrirían a determinados cárteles.

Adolfo Miranda, director del Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP), asegura que esta estrategia de los cárteles de la droga para desacreditar a sectores específicos del gobierno mexicano sí ha funcionado y que sus efectos podrán medirse en encuestas y sondeos de opinión sobre el tema. “Estas campañas del narco sí causan un daño a las Fuerzas Armadas, al gobierno y a funcionarios ubicados como corruptos y protectores del crimen organizado. Causan daño porque para eso fueron diseñadas. Pero uno de los aspectos más delicados es que las mantas también denuncian a funcionarios y personajes presuntamente corruptos, y ante esto las autoridades no hacen nada, no se atreven a indagar algunas de las denuncias para saber si lo que ahí se dice es cierto o no”, señala Miranda.

—¿Esto significa que habría que darle credibilidad, un estatus moral a todo lo que se escribe en las narcomantas?

—No, claro que no, pero sí hay aspectos y datos que deberían por lo menos revisarse, tomarse en cuenta para que se investiguen ciertos hechos y entonces decirle a la gente, a la opinión pública, que tal o cual acusación es falsa.

Lo que acaba sucediendo es el silencio de las autoridades y el vacío ante los rumores y señalamientos, que va generando escenarios favorables al crimen organizado. Ante esto, la respuesta del gobierno ha sido inadecuada, menospreciando lo que ocurre, diciendo que todo se trata de dichos de le delincuencia sin ningún valor, cuando lo que se necesita es precisamente que haya investigaciones serias, independientes y creíbles en las que la autoridad informe que ha sujetado a control a funcionarios sobre los que había sospechas o denuncias, y que la investigación demostró que no había ninguna irregularidad.

En este sentido, Adolfo Miranda destaca las contradicciones en las que se sigue cayendo, por ejemplo, en el reciente caso de los 81 policías dados de baja en Nuevo León por sospechas de corrupción. Miranda señala que las autoridades prefirieron mandar a la calle a ese número de elementos en lugar de investigar a fondo qué es lo que había hecho cada uno de ellos: “¿Y si alguno de esos nombres apareció alguna vez en una narcomanta?”, se pregunta el especialista en temas de seguridad.

A QUIEN CORRESPONDA

De acuerdo con los datos obtenidos, poco más de la mitad de las narcomantas que colocaron los cárteles de la droga habría sido elaborada en una primera instancia por la dupla cártel del Golfo-Zetas. Meses después de iniciado el mandato de Felipe Calderón, las mantas comenzaban a aparecer firmadas separadamente por el cártel del Golfo y por Los Zetas y aparecían sobre todo en ciudades y municipios del estado de Michoacán. Antes del boom de las narcomantas, que se dio tras el ataque con granadas en Morelia la noche del 15 de septiembre de 2008 que desató la persecución del cártel de La Familia Michoacana, segunda organización en elaborar narcomantas y en asegurar en ellas que fueron Los Zetas y no ellos quienes perpetraron la agresión que causó ocho muertes y dejó más de 100 heridos, los mensajes de los narcos aparecían en cartulinas o pedazos de papel, en forma improvisada, sobre los cadáveres de sicarios o narcomenudistas o integrantes de bandas rivales, con advertencias y amenazas de muerte ubicando por nombre y apellidos a los siguientes objetivos. Pero, desde esa fecha, las narcomantas comenzaron a proliferar como mecanismo para acusar a cárteles contrarios de cometer determinados crímenes, de perpetrar secuestros, ejecuciones, extorsiones, ataques contra la población civil o bien para deslindarse de alguno de estos actos.

En todos los casos el impacto mediático de las mantas ha sido innegable. Aunque ha habido intentos de varios medios de comunicación para no dar difusión o una cobertura excesiva a la colocación de las narcomantas, muchas han aparecido en coyunturas álgidas y en condiciones y lugares con implicaciones especiales. Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, el 17 de diciembre de 2009, aparecieron narcomantas en esa ciudad amenazando y declarándole la guerra a Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, asegurando que había sido él quien puso al Jefe de jefes para que la Marina lo ubicara en un departamento de esa ciudad.

La manta fue colocada junto a un kinder. Desde entonces se desató una guerra de rumores y versiones sobre el rompimiento en el seno del cártel de los Beltrán Leyva, señalando que Héctor, hermano mayor de Arturo, se disputaba el manejo de la organización con La Barbie. El pasado miércoles 24 de marzo, una nueva narcomanta fue colocada supuestamente por gente de Édgar Valdez en pleno centro de la ciudad de Cuernavaca, a unos 100 metros de la oficina del gobernador Marco Adame Castillo, anunciando que esa “plaza” no le pertenecía más a Héctor Beltrán, que se la habían quitado y que irían por otros personajes ligados a los Beltrán.

La manta provocó el despliegue inmediato de militares uniformados y de civil, y la presencia de tropas de Marina y del Ejército para retomar el control del lugar en una ciudad que se creyó había sido recuperada tras la muerte de Arturo Beltrán. En este contexto, la guerra entre cárteles ha sido plasmada también en las narcomantas. En ellas Los Zetas han acusado reiteradamente al cártel de Sinaloa y a grupos aliados a éste de cometer toda clase de excesos y de contar con la protección de funcionarios federales y de militares para actuar sin mayores problemas. En las mantas han aparecido los nombres del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna; de su coordinador de Inteligencia, Luis Cárdenas Palomino, así como de Édgar Enrique Bayardo del Villar (ejecutado en el DF en diciembre de 2009) y Gerardo Garay Cadena (detenido y bajo proceso desde noviembre de 2008). También se ha acusado a militares de proteger a narcotraficantes en esa ciudad, como al general Felipe de Jesús Espitia, comandante de la V Zona Militar con sede en Chihuahua, Chihuahua, y quien coordina el operativo en Ciudad Juárez.

Los nombres de los generales Martín Cordero Luqueño, Roberto Miranda Sánchez, Sergio Aponte Pólito (retirado, ex comandante en la II Región Militar, en Baja California), Noé Sandora Alcázar y Marco Antonio Covarrubias Aguilar (actual comandante en la Cuarta Zona Militar en Hermosillo, Sonora) han aparecido en mantas colocadas en Reynosa, Matamoros, Aguascalientes y Sonora, cuando el presidente Felipe Calderón ha hecho giras de trabajo en esos lugares.

Después de Michoacán (Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zamora, Tancítaro, Zacapu, Ario de Rosales, Cherán, La Huacana y Pátzcuaro), los estados de Tamaulipas (Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo), Sinaloa (Culiacán, Navolato, Mazatlán, Guamúchil, Guasave, Los Mochis), Morelos (Cuernavaca), Veracruz (Veracruz, Coatzacoalcos, Orizaba, Boca del Río, Cosamaloapan), Tabasco (Villahermosa, Centro, Cunduacán, Frontera, Comalcalco, Paraíso), Durango (Durango, Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo), Coahuila (Saltillo, Sabinas, Nueva Rosita, Palaú, municipio de Múzquiz, Acuña y Piedras Negras); Sonora (Nogales, Agua Prieta), Guanajuato (León, Salvatierra, Comonfort, Salamanca, Cortázar, Uriangato, Yuriria, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz), Chihuahua (Chihuahua, Ciudad Juárez, Camargo, Creel), Jalisco (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá), Puebla (Puebla, Atlixco, Tehuacán, Amozoc); Guerrero (Zihuatanejo, Chilpancingo, Acapulco, Petatlán, Tecpan, Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano, Papanoa, Cayaquitos, Coyuca de Benítez, La Unión), el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y el Distrito Federal han sido también blanco de la colocación de narcomantas. En ellas también ha habido amenazas de muerte contra el presidente Felipe Calderón, acusándolo de atacar solamente a un cártel y permitir las operaciones de la gente de El Chapo Guzmán. Estas narcomantas han sido elaboradas principalmente por Los Zetas y por el cártel del Golfo.

La tercera organización en elaborar narcomantas es la de los Beltrán Leyva, que hasta antes de la muerte de Arturo, El Barbas, sembró los estados de Morelos, Guerrero y Nuevo León con mantas en las que se advertía que esos eran sus territorios y anunciando próximas ejecuciones de policías y funcionarios colaboradores de otros cárteles. Después aparecen los grupos afines al cártel de Sinaloa ya bandas regionales que se han unido a una u otra estructuras delictivas.

SOMOS FUERTES

Contrario a la postura de Adolfo Miranda, el general (retirado) Roberto Badillo Martínez (ex diputado federal y ex integrante de la Comisión de Defensa Nacional en la pasada Legislatura) asegura que la campaña de los cárteles de la droga con acusaciones en narcomantas no ha dañado ni la imagen de la institución, ni su aceptación entre la gente. Agrega que además de esta ofensiva del narco, los militares mexicanos enfrentan la embestida del gobierno de Estados Unidos, que “auspicia a las ONG y a otros grupos de presión para atacar y desprestigiar al Ejército Mexicano. Lo que tenemos es una ofensiva brutal del gobierno de Estados Unidos contra nuestras fuerzas armadas, y ante eso vemos que nuestro gobierno, nuestras autoridades sencillamente no saben defendernos”, añade el militar retirado.

Para el diputado federal priista Ardelio Vargas Fosado (ex director de las Fuerzas Federales de Apoyo de la desaparecida Policía Federal Preventiva (PFP), ex coordinador del Centro Nacional de Planeación e Inteligencia de la PGR (CENAPI), la colocación de narcomantas y el despliegue propagandístico de los cárteles de la droga tampoco ha afectado la imagen del Ejército Mexicano. “Sigue siendo la institución mejor calificada con la que contamos; todos los mexicanos confiamos en él y esas manifestaciones para señalar a los militares de todo tipo de violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales son parte de una estrategia del crimen organizado para intentar afectar una imagen sólida”, indica en entrevista. Estos reclamos y acusaciones en mantas o por otros medios, se dan de manera más frecuente en los lugares en donde hay situaciones delicadas de delincuencia organizada y en las que las Fuerzas Armadas están interviniendo fuertemente, añade el legislador. En estos escenarios, “la única institución que cuenta con el apoyo y la aceptación de la sociedad civil es el Ejército. Esto lo puedes ver en las encuestas que se han hecho en los últimos años”, comenta.

¿CONFIABLES?

Un rápido vistazo al resultado de al menos seis encuestas y estudios sobre la lucha antidrogas y el papel del Ejército Mexicano como cabeza de esta misión abre interrogantes y claroscuros en los que los militares aparecen como confiables y, al mismo tiempo, menos precisos o menos deseables para enfrentar a los cárteles de la droga.

En marzo de este año, Parametría, empresa especializada en sondeos, encuestas e investigaciones de campo, dio a conocer su Indicador Estatal Parametría 2009, en el que se hacía un balance sobre diversos aspectos de la administración de Felipe Calderón. Uno de los aspectos sondeados tenía que ver con los niveles de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de acuerdo con la forma en que han cumplido o no su trabajo. Parametría presentó datos comparativos de su anterior encuesta de 2007, en la que la confianza hacia la Sedena era de 53 por ciento. Dos años más tarde, las cifras de la encuestadora mostraban 65 por ciento de aceptación y confianza hacia el Ejército en la lucha antidroga. El estudio mostraba además los niveles de confianza hacia los militares detectados por entidad: Colima, Zacatecas y Nayarit aparecían como los estados en los que la gente cree más en el Ejército.

Pero la misma empresa dio a conocer otra encuesta sobre el tema del Fuero de Guerra y la discusión en torno a su vigencia efectuada entre el 16 de julio y el primero de agosto de 2009, motivada por las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante los Operativos Conjuntos, sobre todo en Chihuahua. De acuerdo con el estudio El Ejército Desaforado, 54 por ciento de la gente encuestada opinaba que los militares sí han cometido abusos y violaciones a los derechos humanos durante el combate al narcotráfico. La empresa mostraba también datos que revelaban una percepción derrotista en cuanto a quién va ganando la guerra de las drogas, señalando con un abrumador 57 por ciento que los narcos llevan la delantera. Parametría destacaba: “Sin embargo, la confianza en el Ejército no ha disminuido. Los niveles de confianza en la institución siempre son de los más altos entre las instituciones del país (alrededor de 65 por ciento), sólo por debajo de la Iglesia o las universidades”.

Hace unos días Parametría difundió un nuevo sondeo de opinión en torno a la actuación de las Fuerzas Armadas y el asesinato de tres funcionarios del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. La encuesta, titulada “Ejército, FBI, o Cascos Azules: ¿a quién le importa la soberanía?”, reveló que en la pregunta “¿Quién cree que sería más eficiente para resolver el problema de la inseguridad en Ciudad Juárez: El Ejército Mexicano o algún organismo de otro país como el FBI o los Cascos Azules de Naciones Unidas?”, la respuesta fue contundente: 47 por ciento de la gente se pronunció por el Ejército Mexicano y 42 por ciento por el FBI u otras instancias internacionales para contener la violencia en ese punto del país.

Jorge Alejandro Medellín

Fuente Milenio

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